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Intelectuales en defensa del petróleo
 

Las trece líneas rojas de la reforma petrolera

Los debates sobre las iniciativas de reforma energética ya han puesto en claro que deben ser rechazadas. Son inaceptables porque van en contra de la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende violentar a través de cambios en leyes secundarias. Es evidente su intención privatizadora porque pretenden transferir a empresarios e inversionistas privados, foráneos y nacionales, las actividades estratégicas de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra: se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera y las funciones básicas de Pemex.

Destacan en las iniciativas propuestas por Felipe Calderón trece disposiciones especialmente lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende. Se trata de las siguientes trece líneas rojas:

Primera:
la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades estratégicas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los alcances de esos contratos y las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir incentivos vinculados con el éxito de la obra o servicio. Esta indefinición excesiva abre espacios a la corrupción.

Segunda:
transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera por operaciones de extracción de petróleo y gas. El pago en efectivo por la exploración y extracción, al precio de mercado del crudo, disminuirá el monto de la renta petrolera que Pemex-PEP realice en el momento de comercializarlo.

Tercera:
acentuar la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado, mediante la maquila de refinación y la petroquímica.

Cuarta:
autorizar a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos equivalentes a los de riesgo, violatorios de la Constitución y las leyes.

Quinta:
posibilitar el desplazamiento de Pemex y su sustitución por empresas privadas en actividades estratégicas de la industria petrolera. Aceptar los “mecanismos de explotación conjunta” y privada para yacimientos transfronterizos.

Sexta:
prever sanciones más rigurosas para Pemex y sus subsidiarias que para los permisionarios privados.

Séptima:
abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios.

Octava:
establecer la “creación de valor económico” como objetivo central, en lugar de reafirmar la garantía de la seguridad energética de la nación.

Novena:
proponer un consejo de administración (CA) de Pemex cuya integración (a discreción sólo del Ejecutivo), facultades excesivas (que incluyen la contratación de deuda pública), carácter discriminatorio, grado excesivo de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones violan la Constitución y resultan funcionales sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo.

Décima:
conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general, mediante el establecimiento de seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar.

Undécima:
emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex.

Duodécima:
aceptar “la aplicación de derecho extranjero (y) la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles”, lo que es absolutamente improcedente e implica el abandono de la cláusula Calvo que ha sido central en nuestra política exterior.

Decimatercera:
orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a Pemex a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos difíciles (Chicontepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales.

Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer López, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos y Javier Wimer.

 


  “La consulta, un logro del movimiento ciudadano”

No se puede ignorar la tensa, muy difícil o trágica situación del país. Entre las demostraciones de que no todos los tiempos son iguales:

Violencia radical del narcotráfico con altísimo costo de vidas (no sólo de los directamente involucrados); crisis del aparato de seguridad nacional; destrucción creciente del tejido social; expansión del miedo y el pánico en amplísimos sectores; carestía insostenible; desastre –reconocido por todos– de la enseñanza pública y la privada; ansiedad por reducir el proceso electoral a una compraventa de votos; crisis acentuada y efectiva del Poder Judicial; apoyo de funcionarios al sistema de ecocidios (sobrexplotación del agua, destrucción de bosques, contaminación) que ratifican la monstruosidad del neoliberalismo; impunidad de los poderosos que se ostentan como la nueva “autoridad moral”; campaña intensa de privatización de los recursos energéticos; funcionarios cuya permanencia es un desafío grave a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral de los opositores…

Hay, sin embargo, razones, y muy significativas, para un optimismo racional o, si se quiere, para un replanteamiento positivo de las circunstancias actuales:

–Emergencia de sectores y personas en el análisis de la realidad, las decisiones participativas y las protestas. Las movilizaciones de los últimos tiempos no son calificables de izquierda en el sentido ideológico tradicional, sino como movimientos, de ciudadanía y ciudadanización, conceptos primordiales y ligados ya al fortalecimiento de la soberanía popular.

–Fracaso estrepitoso de los defensores del proyecto de Felipe Calderón en el debate sobre reforma energética. Carecen de argumentos sólidos, se entregan a la inútil y penosa manipulación de leyes y cifras, son inconexos y desinformados por sistema.

–Fracaso notable de los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN en la política informativa sobre los hechos básicos del país. Los promotores de la privatización del petróleo se burlan de los mexicanos que no entienden de tecnología y ellos mismos, a la hora de evaluar su proyecto, lo reducen a lugares comunes del autoritarismo cantinflesco. Además, ¿de dónde proviene la ignorancia de la sociedad en asuntos de extrema importancia? De quienes, mediante la represión y el oscurecimiento informativo de la televisión, han alentado por décadas la despolitización y aíslan y persiguen las actitudes politizadas. Los gobiernos federales desalientan desde hace mucho tiempo las acciones de la ciudadanía. También el desbordamiento de la ignorancia afecta en primer término a la clase gobernante, que nunca explica sus proyectos básicos y carece de la costumbre de razonar.

–El gobierno federal aceptó el debate sobre la reforma petrolera y ahora se propone ignorarlo, asfixiar su desarrollo y enterrar sus conclusiones. Con todo, este debate es otro de los signos irrefutables que anuncian una sociedad distinta, que va adquiriendo la capacidad de convocarse a sí misma.

–La clase gobernante fracasó en su intento de impedir por entero la consulta. El propósito de la consulta no es negar las facultades del Congreso, sino rechazar la privatización del punto de vista de la nación y no aceptar que sólo “los expertos” decidan el presente y el porvenir del país. La ciudadanía exige su inclusión en la toma de medidas que la afectan centralmente. Al oponerse a la consulta, la clase gobernante despliega el tamaño de su miedo a los ciudadanos y de su desconfianza ante su escasísimo poder de convencimiento.

–El fracaso impresionante de la derecha, que en décadas no ha ganado una sola de las batallas culturales en el país, no ha conseguido abolir los derechos de las mujeres ni de las minorías sexuales, ni ha detenido en lo mínimo el avance de sus odios predilectos: la laicidad, el laicismo, la secularización (ejemplo reciente: la devolución por parte de la diócesis de Guadalajara de 30 millones para el Santuario de los Mártires). Si en las batallas culturales la derecha viene a menos, estamos aún lejos del respeto a los derechos humanos, del fin del racismo y del reconocimiento pleno a los derechos indígenas.

–Movilización en amplios sectores de la sociedad, que no aceptan como respuesta la frialdad, el azoro, el desprecio, la inercia o el odio de la clase gobernante.

Antes lo dominante fue el pesimismo como determinismo. Hoy las circunstancias han cambiado. Nadie autoriza el optimismo, pero la tesis de la indefensión absoluta de la sociedad es, en última instancia, un comercial más del neoliberalismo.

Así, la consulta sobre la reforma energética es una saludable ampliación de la democracia y un logro del movimiento ciudadano.

Atentamente:

Comité de intelectuales en defensa del petróleo

Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos, Javier Wimer

 

Del debate a la consulta


A la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores:
A los gobiernos de los estados y del Distrito Federal:
A la opinión pública:

En las semanas recientes ha quedado clara la trascendencia de la discusión pública sobre el destino de la industria petrolera.

Luego de oír a los expertos en cuestiones energéticas, a los juristas y a los legisladores, y antes de cualquier dictamen de ley en el Congreso, hace falta conocer la postura de los ciudadanos ya mucho más informados. A esta ponencia colectiva sólo se puede acceder mediante la consulta pública.

Como se ha propuesto a lo largo del debate sobre la reforma energética, la consulta pública es posible legalmente al permitirlo el artículo 26 de la Constitución de la República, como expuso con profundidad el reconocido jurista don Juventino Castro y Castro en el Senado:

"La norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática".

Por la importancia central de este asunto les solicitamos a ustedes el examen serio y pronto de la posibilidad de una consulta nacional antes de cualquier decisión sobre la reforma energética.

De la misma manera, nos dirigimos a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, donde ya está reconocido este derecho en las leyes locales como ejercicio de la democracia participativa. No sólo es posible, sino necesario organizar la consulta en sus entidades en caso de que el Senado rechace la propuesta.

Por este medio exhortamos respetuosamente a los legisladores y los gobernadores a atender nuestra petición que, sabemos, recoge el sentir de muchísimos ciudadanos, y además expresa la vía a nuestro alcance para saber de las distintas posturas ciudadanas.

Para recibir su contestación hemos nombrado a José María Pérez Gay, Carlos Payán, Luis Javier Garrido y Laura Esquivel, quienes estarán a su disposición en lo tocante a cualquier aclaración.

La prisa sin razonar va en contra de los intereses a corto, mediano y largo plazo de la nación.

Atentamente:

Marco Antonio Campos, Arnaldo Córdova, Laura Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Margo Glantz, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, David Ibarra, Luis Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Carlos Monsiváis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Ida Rodríguez Prampolini, Enrique Semo, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelos, Javier Wimer

 

Artículos

La Jornada viernes 9 de mayo de 2008

Definiciones y preguntas en la defensa de PEMEX

Adolfo Gilly

La operación en curso de privatización de Pemex va mucho más allá de los negocios del capital y de la corrupción de los funcionarios, como en cambio era el caso en la prolongada destrucción de la red de ferrocarriles nacionales y en las sucesivas concesiones y rescates de las carreteras de cuota.

Esta de hoy es una decisión de alcance histórico, tanto como lo fueron el reparto agrario y la expropiación petrolera en los años 30, pero exactamente en el sentido opuesto. Se trata ahora de completar, por un lado, una recomposición ya iniciada del Estado y de los sectores de clase dominantes y, por el otro, una restructuración de las relaciones de ese Estado con la nación y su pueblo, y con Estados Unidos y sus planes geoestratégicos en estos años iniciales del siglo.

Se trata, al mismo tiempo, de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano –insisto, mexicano– sobre el Estado nacional, y de integrar a éste como socio menor subordinado en la zona contigua de dominación y seguridad –América del Norte– de esa potencia a través de tres tratados: el TLCAN, el ASPAN y la Iniciativa Mérida, los tres estatutos clave de la subordinación económica, militar y política.

Se trata de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía y la independencia de esta nación. Así y nada menos.

Esta posición de mando del capital financiero mexicano fue afirmándose a partir de los años ochenta del siglo XX a través de los sucesivos gobiernos y cambios constitucionales –artículos 3º, 27, 130– y de la privatización creciente de los bienes de la nación, no sólo en tanto empresas públicas y servicios financieros sino también en cuanto dominio del territorio, del patrimonio cultural y de los recursos naturales.

Es una gigantesca operación de despojo la que está en marcha desde entonces. La entrega de Pemex es la culminación de ese proceso.

* * *

El desmantelamiento que se intenta ahora completar no es, en efecto, sólo el de la propiedad estatal, sino también el de una forma de Estado mexicano –entendiendo aquí “Estado” como proceso de relación entre gobernantes y gobernados– que desde la derrota y la destrucción del Ejército Federal por la División del Norte en Zacatecas el 23 de junio de 1914 –es decir, ya desde antes de la Constitución de 1917–, se había ido conformando en la historia, en la legislación y en los antagonismos y las luchas hasta cubrir todo el siglo XX mexicano. Se trata de revertir el proceso histórico hasta una nueva y atroz Bella Época en este siglo.

De ese tamaño es la derrota que nos quieren imponer y lo que está en juego en la propuesta desintegradora de Felipe Calderón.

La ocasión parece inmejorable. El Estado mexicano, nominalmente unido bajo la Presidencia de la República y el pacto federal, está hoy fragmentado en mandos múltiples: el mando de los gobernadores que, mientras cada uno actúa como amo y señor en su feudo, se reúnen como poder nacional en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); el de la Iglesia, potente y prepotente como nunca desde el siglo XIX y la Reforma, ante la cual bajan la cabeza todos los partidos y sus dirigentes (todos, dije, todos); el de los grandes señores de las finanzas y sus conexiones con el opaco y turbulento mundo financiero internacional; el de una Presidencia que busca refugio y amparo en las fuerzas armadas; el del narcotráfico con sus redes y contactos no visibles pero reales con todas las esferas de poder antes mencionadas y con varios poderes externos.

Si en este listado no concedo poder propio al dual monopolio televisivo es porque se trata de una dependencia del capital financiero en cuyos intereses y designios está integrada. Si tampoco lo concedo al Poder Legislativo y al Poder Judicial es porque cuanto de importante se decide en esas sedes ya estuvo decidido de antemano en otras sedes y otros poderes.

* * *

El mando financiero no tiene interés en recomponer ese Estado roto en fragmentos, con su modo protector y clientelar de relación con la población y sus políticas desarrollistas y de subvención al gasto social, a las empresas locales y a la planta industrial nacional. Quiere una nueva relación entre el gobierno y un pueblo, no de ciudadanos, sino de individuos atomizados en su vida social y focalizados en su conexión mediática.

Quiere una nueva relación estatal, sin patrimonio nacional común y cuya red conectiva, material y espiritual, sea ante todo ese mercado de las cosas que el capital financiero domina y controla, y donde el educador del pueblo son los medios mucho más que los maestros de un sistema escolar abandonado.

Para ese objetivo hay que terminar de quitar la pieza material central en la que se sustenta y con la que se financia el persistente modo de gobernar inscrito en la Constitución de 1917. Esa pieza, desde el 18 de marzo de 1938, se llama Pemex. Hoy, setenta años después, hay que acabar con ella y mandarla al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el convento de Churubusco o la carroza de Juárez. Y, de paso, hacer un suculento negocio con el petróleo.

Hay que desmantelar y ceder, entonces, esa prenda del orgullo nacional que es Pemex, a la cual el modo como había sido conquistada y defendida en otros tiempos había convertido en símbolo material de la independencia frente a la potencia del Norte y también en prenda de la autonomía relativa de los políticos gobernantes.

Entregar Pemex es también quitar piso propio a las fuerzas armadas mexicanas y acelerar su conversión, deseada por el Pentágono y las finanzas, en una Guardia Nacional destinada a tareas de represión interior ya ejercidas desde el PRI; y por otro lado, dedicada, al igual que en Colombia, a la regulación armada del narcotráfico, negocio que Estados Unidos no muestra interés en erradicar sino en mantener bajo control. Ese ejército quedaría así subordinado al Pentágono.

La iniciativa de Felipe Calderón pretende completar el vaciamiento del artículo 27 constitucional, pilar central de la forma de Estado posterior a la revolución. Salinas de Gortari destruyó su parte agraria. Se trata ahora de echar abajo lo que queda, la expropiación petrolera que recuperó el subsuelo y unificó a la nación.

Ésta es la magnitud de lo que está en juego. No es nuestro interés defender la actual forma de Estado, corrupta, opresora y fragmentada. Pero su suerte y sus indispensables cambios tienen que ser decisión del pueblo mexicano, no de los poderes financieros nacionales y extranjeros.

En cuanto a la demostración presupuestaria, financiera, administrativa y tecnológica de la plena viabilidad de Pemex como patrimonio nacional, ha sido y está siendo hecha en estos días, con abundancia de datos y argumentos, por los numerosos expertos mexicanos en cuestiones petroleras. A ellos nos remitimos.

* * *

La defensa de Pemex y del patrimonio es una de las grandes causas de esta nación. Su dimensión simbólica y práctica va mucho más allá que la de sus empresas equivalentes en otras naciones latinoamericanas. Esa defensa necesita ser múltiple y en todos los terrenos, más allá de los ámbitos discursivos, parlamentarios o legislativos, aunque los incluya; más allá de las diferencias en otros temas y cuestiones entre las fuerzas y los individuos que se movilizan; más allá de las disputas por la preminencia, el mando o la dirección del movimiento de pueblo que es preciso extender a todos los espacios de vida, de trabajo, de estudio, de reunión o de esparcimiento.

Es preciso sumar a todos cuantos quieren preservar a Pemex como patrimonio común de la nación. ¿Cómo agregar esas fuerzas tras un objetivo común sin exigir a nadie que se subordine a una política, a una dirección partidaria o a un dirigente; y sin pedirle tampoco que no lo haga, si así le place y le parece?

El bando neoliberal está unificado por el poder presidencial, el poder financiero y el poder eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus cabecitas parlantes.

¿Cómo unificar las fuerzas de este lado en un frente plural por el petróleo; no por la Presidencia en 2012; no por las elecciones en 2009; no por la dirección o el control de este o aquel aparato partidario o sindical (y no sigo porque la lista de ambiciones e intereses particulares sería interminable)? ¿Cómo asegurar la independencia de cada uno en la unidad de un solo objetivo: defender a Pemex? ¿Cómo organizar sin regimentar ni uniformar, en las maneras diversas como se han organizado siempre en este país los movimientos de trabajadores, de estudiantes, de colonos, de ejidatarios, de lo que fuere?

¿Es que esa experiencia de generación tras generación de todo un pueblo durante un siglo entero se va a condensar sólo en votaciones de plaza a mano alzada y bajo consignas beatíficas como “amar es perdonar”, mientras la violencia se descarga en la descalificación y el insulto al que está al lado?

¿Cómo poner en el centro de las discusiones y las movilizaciones ideas, objetivos, discursos y modos diversos de organizar que muevan a la acción, a la convergencia, a la creación libre de maneras efectivas de lucha? ¿Cómo cortar de plano, a comenzar desde quienes ocupan posiciones dirigentes, las feroces disputas internas y el lenguaje soez: “traidor”, “víbora”, “fecal”, “pantaleta”, que hasta en los columnistas de la prensa escrita se ha ido haciendo costumbre? ¿Cómo lograr, por fin, que la causa de Pemex y el terreno central de esta lucha no sean vistos por sectores populares, angustiados por la pobreza y la sobrevivencia cotidiana, como una mera disputa en el Estado, en las instituciones, entre los políticos, esos que desde hace muchos años y a vista y paciencia de todos han usado a Pemex como su propiedad y para sus fines?

Estas son mis preguntas, dirigidas a todos nosotros, gente de la UNAM, y también al Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Y finalmente una pregunta no menos significativa: ¿por qué exigir ahora a los zapatistas, amenazados de un golpe militar represivo en cualquier momento, que se agreguen a este movimiento mientras todos los partidos los abandonaron y mantuvieron en el Congreso de la Unión la exclusión de los indígenas y la negación de sus derechos en esta nación?

* * *

No vine a esta nuestra universidad con respuestas ni con consignas. Vine con preguntas que nos hacemos tantos en esta movilización que no es de nadie y es de todos. Traje un manojo de interrogantes, producto de experiencias colectivas de organización de luchas mexicanas que se remontan al menos al movimiento ferrocarrilero de los años cincuenta y al movimiento estudiantil y popular de 1968, y que se han ido trasmitiendo y acrecentando generación tras generación.

Pido y propongo que encontremos entre todos y en todas partes los medios para que esa experiencia acumulada, patrimonio espiritual e ideal de todos nosotros, se vuelque en libertad como torrente, rescate el petróleo y ponga un alto a las sumisiones a las que nos arrastran este gobierno, sus mandantes y sus aliados.

Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México el 8 de mayo de 2008.

 

El Universal  Sábado 10 de mayo de 2008

Petróleo, sociedad y nación

Ifigenia Martínez*

Es reconfortante que el tema del petróleo y la seguridad energética haya penetrado en la conciencia social y ya forme parte de nuestra identidad nacional. Así lo demostró la nutrida concurrencia al simposio Petróleo y Seguridad Energética organizado por el Frente Amplio Progresista (6 y 7 de mayo de 2008) en ocho sesiones a cargo de reconocidos expertos en derecho constitucional, desarrollo industrial, transformación institucional de Pemex, destino de la renta petrolera y política de Estado en la transición energética que se lleva a cabo a nivel mundial. El evento tuvo lugar en el auditorio del espectacular e histórico edificio colonial que ocupó la Escuela de Medicina de la UNAM y que nos fue gentilmente facilitado por la Rectoría.

El simposio inició con el análisis jurídico de las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso, que probablemente sean completadas con una o dos más pues es notoria la ausencia de temas importantes como el fiscal y el de las transacciones internacionales de Pemex. En seguida se abordaron tres aspectos: la contribución de Pemex en el desarrollo e industrialización del país; su desintegración corporativa para darle preferencia a la exportación de crudo, y el abandono de su industrialización, convirtiendo al país en importador de gasolina, refinados y productos petroquímicos.

Un adecuado aprovechamiento del hidrocarburo y del gas forman parte de una política de Estado, y no de una simple política de mercado que trata de maximizar ingresos sin medir las consecuencias sobre la seguridad energética y el desarrollo incluyente del país en un entorno globalizador, pues se trata de la vida de la República en un horizonte de largo plazo y no de maximizar la renta petrolera del gobierno en turno.

Con gran previsión, la Constitución de 1917 le otorgó a la nación la propiedad originaria de los recursos naturales, el manejo exclusivo del agua y los hidrocarburos y posteriormente de la energía eléctrica, la industria petrolera y la petroquímica básica. Sus beneficios por tanto corresponden a la nación para el disfrute de todos, y la recuperación de sus costos requiere una estructura de precios y tarifas que considere la capacidad de pago de los mexicanos. La renta petrolera debe reinvertirse en el propio sector o en otros relacionados para fortalecer el aparato productivo del país y contribuir a la formación de capital y a la generación de empleo.

A partir de 1994, cuando entra en vigor el Tratado el Libre Comercio, se desintegra Pemex. Con el alza espectacular en el precio del petróleo los llamados derechos fiscales se elevan hasta el grado de llegar a la confiscación hacendaría de la renta petrolera. En un entorno deliberado de restricción financiera, sus inversiones quedan muy por debajo de lo requerido para su expansión y los financiamientos indispensables se hacen con Pidiregas, con el resultado de tener ahora un Pemex endeudado en cerca de 50 mil millones de dólares sólo por ese concepto.

Los principios del manejo estatal de los sectores estratégicos están claramente marcados en la Constitución, y la legislación secundaría que resulte violatoria de los mismos puede dar lugar a que sus autores sean sujetos de juicio político. De acuerdo con los juristas y académicos que participaron en el simposio, la Constitución contiene los principios para defender a la nación de actos que intenten enajenar el recurso a intereses privados nacionales o extranjeros. Ellos coincidieron en opinar en contra de las iniciativas. Incluso llegaron a afirmar que si bien no se puede someter a juicio político al Presidente, sí se puede hacerlo con los legisladores que aprueben una iniciativa inconstitucional.

El FAP publicará en fecha próxima las ponencias de este importante evento.

*Directora del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista

 

El Universal   Martes 29 de abril de 2008

Fraude a la ley

Francisco Rojas*


Así llaman los expertos al intento de modificar la Carta Magna a través de leyes secundarias, principalmente con cambios en los artículos cuarto y sexto de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional. En el primero, los privados podrán refinar bajo contrato y ser permisionarios para transportar, almacenar y distribuir petrolíferos y petroquímicos básicos; en ambos casos podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos. Pemex debe solicitar permiso para participar en este mercado y ya sabemos la respuesta. También se da plena libertad para que los privados se conecten directamente del pozo a las plantas de gas.

Con el artículo sexto y el 46 de la Ley Orgánica de Pemex se abre la puerta a la discrecionalidad y confidencialidad para que empresas extranjeras exploren y desarrollen integralmente yacimientos mediante contratos incentivados, internacionalmente conocidos como risk contracts, aplicables no sólo en aguas profundas, Chicontepec y campos abandonados, sino también en aguas someras y en tierra. Con lo anterior, las empresas mexicanas pasarían sin duda a ser subcontratistas o a desarrollar trabajos marginales, perdiéndose la oportunidad de reimpulsar una industria nacional de construcción y partes petroleras, como sucede en Brasil y Noruega.

La cacareada autonomía de gestión queda en entredicho al nombrar el Ejecutivo cuatro consejeros profesionales, con funciones extraordinarias, que trascenderán el sexenio en su cargo y preservarían los intereses de quien los designó. Hacienda retiene facultades para condicionar y vetar endeudamientos y la pretendida autonomía presupuestal se otorgaría, conforme a los artículos transitorios, hasta el onceavo año después de expedida la Ley Orgánica, siempre que Pemex cumpla con ciertos montos de venta de bonos y metas de balance financiero y, el colmo, aunque obtenga ingresos extraordinarios, no podrá nunca aplicar más de 15 mil millones de pesos a inversiones o mantenimiento.

Este año, el gobierno a través del Congreso le fijó a Pemex un superávit primario de 15 mil millones de dólares, es decir, un excedente de ingresos que no puede gastar y que se ocupa para cubrir el déficit gubernamental. Pemex requiere invertir en cinco años 17 mil millones de dólares para construir dos refinerías y dar mantenimiento a todas las instalaciones y ductos, es decir, 3 mil 400 millones de dólares anuales, 23% del superávit primario de 2008; esa es la importancia de los recursos congelados, que seguramente crecerán dadas las tendencias de los precios del petróleo, y los candados que el gobierno impone como metas de balance financiero.

Los mitos caen: el efecto popote, el tesoro escondido y el futuro promisorio se complementan ahora con que Pemex se fortalece y no se privatiza. Privatizar no sólo significa vender edificios o instalaciones, sino también compartir la renta petrolera y el mercado interno; y Pemex se debilita y “enaniza” al crearse prácticamente una industria petrolera integrada privada, que impedirá absorber tecnologías y prácticas modernas de administración y marginará la investigación y el desarrollo tecnológico. Pemex se convertiría en administrador de contratos y, paulatinamente, sin decirlo, la parte industrial morirá de inanición y obsolescencia y únicamente quedará el sumiso monoexportador de crudo.

Pretenden consumar el fraude constitucional. Los que tienen compromisos los defenderán, pero los que todavía vemos a Pemex como un factor de unidad, dignidad y orgullo defenderemos el usufructo de la renta petrolera para los mexicanos, cuya memoria histórica se hará presente en 2009, por no hablar de 2012.
 

El Universal  Martes 13 de mayo de 2008

Argucias

Francisco Rojas


La elaborada tentativa de darle la vuelta a la Constitución mediante modificaciones a las leyes secundarias ha dividido a la sociedad y provocado reacciones mayoritarias en contra; se dice que las iniciativas de reforma energética podrían modificarse o que se presentarían otras en su lugar, pero dejando sembrados “caballos de Troya” para conseguir los objetivos, aun a riesgo de controversias constitucionales.

El hábil entramado jurídico no permite el análisis individual de las iniciativas, por lo que suponemos que fueron construidas de abajo hacia arriba partiendo de lo que se quería que fuera o hiciera Pemex; por ejemplo, que con el pretexto de darle autonomía de gestión y flexibilidad operativa con lo que estamos de acuerdo, se cree un régimen de excepción para que el Consejo de Administración, a través de comités internos, tuviera facultades legislativas y reglamentarias para sustraerse de las disposiciones legales existentes sobre contratación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenación de bienes, remuneraciones, auditoría, fiscalización y deuda pública; con lo cual podrían regularizar, al menos en imagen, cualquier violación a las leyes y a la Constitución que se hubiere cometido.

Que, basado en lo anterior, se pudieran celebrar contratos incentivados, no sólo en aguas profundas sino en cualquier área o materia, en donde la remuneración queda indeterminada, tanto en monto como en plazo o avance de la obra, que por sus características se acerca a lo que internacionalmente se conoce como risk contracts, que dejan en manos del contratista la planeación, control y ejecución de las obras o servicios. Si esto fuera así, implicaría ceder la dirección, operación y control por parte de Pemex, como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos. Siguiendo la lógica anterior, a las empresas que aporten supuestas innovaciones tecnológicas se les exentaría de la licitación pública y sus contratos podrían ser declarados reservados y confidenciales.

Que Pemex pueda libremente constituir o desaparecer filiales paraestatales sin ajustarse a las leyes de Entidades Paraestatales y Orgánica de la Federación, para crear “empresas espejo”, que podrían encubrir otra forma de privatización sin sustento económico y orgánico, trasluciendo incapacidades administrativas o de negociación, por ejemplo con el sindicato; alentándose, además, la “balcanización” de actividades estratégicas reservadas al Estado. Sus objetivos podrían ser alcanzados sin desmembrar a Pemex, estableciendo un fondo para contingencias derivadas de la actividad petrolera y acotando la discrecionalidad para distribuir los excedentes petroleros.

De aprobarse como están, las iniciativas tendrían consecuencias en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte donde, además de abrir unilateralmente el tratado sin recibir nada a cambio, se estaría eliminando parcialmente la reserva de mercado establecida en el capítulo de Energía y Petroquímica Básica; las aperturas que se realizaran ya no podrían ser revertidas unilateralmente por el Estado mexicano; y, en caso de controversia, éstas tendrían que ser ventiladas ante paneles internacionales y no ante tribunales mexicanos, por lo que debe aclararse si no es otra maniobra para “amarrar” las privatizaciones.

Bastan estos ejemplos para que estemos alerta y cuidar “la letra chiquita” de las iniciativas, no sólo las modificaciones mayores, ya que las privatizaciones pueden encubrirse utilizando leyes secundarias o terciarias, confiando en los largos periodos e inciertos resultados de las controversias constitucionales y en la debilidad de la memoria de los mexicanos.

*Ex director de Pemex y presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio.

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