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INFORME GENERAL SOBRE LA JORNADA NACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
n Los foros previos resultaron fundamentales en términos de organización y resultados
n Quedaron establecidos vínculos formales con las dependencias del sector de nuestra organización
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El balance de la Jornada Nacional por la Dignidad Campesina e Indígena no puede dejar de apreciar los resultados en términos de cohesión social e identidad organizativa que esta movilización nacional ha significado para la UNORCA.
En los días de la Jornada Nacional y desde los foros realizados previamente por todas las regiones del país —los cuales abonaron el terreno de la movilización— hemos llevado a la práctica una vez más los principios de lucha que dan sustento a nuestra organización:
Autonomía, entendida como la facultad de que mediante mecanismos propios, definidos internamente, cada una de las organizaciones locales y regionales toma sus decisiones más trascendentales y las instrumenta, y al mismo tiempo atiende directrices con las que se identifica con otros organismos que confluyen en una coordinación nacional reconocida por todos.
Autogestión, o sea, la plataforma desde la cual impulsamos una mayor participación democrática de la base campesina e indígena, por medio de prácticas colectivas en la toma de decisiones fundamentales que nos permiten desarrollar las diversas capacidades propias de la organización.
Y movilización, es decir, una de nuestras mejores armas para lograr la apertura al diálogo con el gobierno y para entablar negociaciones favorables a los intereses de la organización.
Esta jornada ha sido una etapa muy importante de aprendizaje colectivo en la que mujeres y hombres, adultos y jóvenes, dirigentes y bases, incorporamos una vez más a nuestra experiencia el conocimiento de una organización que está en movimiento y que se rige bajo un objetivo primordial: que aún cuando provengamos de extracciones políticas e ideológicas diferentes, trabajamos por la unidad y la organización, con el fin de incidir en la instrumentación de políticas públicas hacia el medio rural que nos permitan elevar el nivel de vida de los campesinos e indígenas que integramos la UNORCA.
En el plano nacional dejamos evidencia de que los objetivos de nuestras luchas y nuestras demandas coinciden con el interés mayoritario de la población. La recuperación y el fortalecimiento de la economía campesina es la única base sana desde la cual se puede construir la autosuficiencia y la soberanía alimentarias, que a su vez son la única vía para garantizar el derecho a la alimentación para todos.
Una de las pérdidas más grandes del país en estos años de agresión neoliberal se refleja en la cantidad de productores de alimentos que dejan de serlo por problemas económicos, por falta de seguridad, por políticas públicas incorrectas para el campo.
Nuestra lucha es también por la defensa de los recursos naturales, por la conservación y protección de la biodiversidad, de los bosques, agua, tierras, ríos, lagunas y nuestras semillas que son patrimonio de los pueblos en beneficio de toda la humanidad, para atender el problema del hambre.
Sin duda, la presencia de nuestra gente en la capital del país generó la expectativa política suficiente para hacer posible el ablandamiento del aparato de las dependencias reacias al diálogo y dejó claro que el problema nunca ha sido falta alguna de capacidad de interlocución de la UNORCA sino la actitud de resistencia y cerrazón de entidades de gobierno partidizadas.
Para defender nuestras demandas y hacer que nuestras propuestas fueran escuchadas, realizamos esta jornada nacional de lucha por la dignidad campesina e indígena que, fiel a la esencia de nuestra organización, se desarrolló de manera pacífica y propositiva.

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A pesar del enorme esfuerzo que significa movilizarnos en tiempos de graves carencias económicas, La Jornada Nacional por la Dignidad Campesina e Indígena en su fase final concentró en la ciudad de México a más de mil 600 miembros y dirigentes regionales de la UNORCA, provenientes de 14 estados del país.
Es necesario incluir en la cuantificación los recursos invertidos en la realización de los foros estatales que pusieron en movimiento a gran cantidad de nuestros compañeros integrantes y dirigentes de la UNORCA en las regiones donde tenemos mayor presencia.
Entre los logros inmediatos de la movilización, destaca la apertura de la interlocución del gobierno federal que durante más de medio año de la actual administración priorizó la relación con organismos afines al partido en el poder o continuó usando el pretexto del Acuerdo Nacional para el Campo para desdeñar el trato con las organizaciones no firmantes.
El gobierno federal, con una fuerte tendencia a favorecer los negocios privados en el campo y a apoyar a los actores sociales afines a sus políticas para el sector rural, había venido haciendo su tarea de dividir al movimiento campesino mediante el trato diferenciado a las organizaciones.
Para nosotros la no firma del Acuerdo Nacional para el Campo obedece a nuestra legítima capacidad de decisión y a nuestro derecho a disentir de las propuestas oficiales cuando éstas ignoran las demandas que hemos planteado en forma reiterada.
Dejamos constancia clara ante el gobierno de que autoexcluirnos de esa clase de acuerdos y sus adendas de ninguna manera significa renunciar a nuestras garantías individuales y derechos constitucionales como organización.

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Con el antecedente de los Foros de Maíz, Agricultura Campesina y Soberanía Alimentaria que realizamos en 14 estados del país (Guerrero, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Durango, Yucatán, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca) el 23 de julio iniciamos la Jornada Nacional con una
conferencia de prensa para difundir nuestras primeras acciones que consistirían básicamente en un recorrido por el país de los dirigentes de la Vía Campesina y la recepción de propuestas regionales para la gestión.
En otra conferencia de prensa, el 30 de julio, anunciamos la entrega de demandas y solicitudes de audiencia a las dependencias del gobierno federal. También dimos a conocer el resto de las acciones de la Jornada Nacional:
Como fue el Foro Internacional Campesino, llevado a cabo los días 1 y 2 de agosto con el tema de Los Tratados Comerciales y la Soberanía Alimentaria: la Agenda Campesina; además se llevaron a cabo conferencias de prensa en los estados y otras acciones regionales.
De las diversas actividades realizadas, sobresale el Campamento Campesino, Indígena y Urbano Popular que instalamos en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, a partir del 9 de agosto, el cual constituyó la base de la movilización por la gestión campesina entre el 15 y el 17 del mismo mes en las dependencias del poder ejecutivo federal y ante el poder legislativo.
Las demandas del movimiento quedaron sintetizadas de la siguiente manera:
Por un trato directo y equitativo a todas las organizaciones locales, regionales y nacionales, por la soberanía alimentaria, por un presupuesto multianual para el campo, por la agricultura campesina sustentable, por la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, por el respeto a nuestros derechos campesinos e indígenas, por la defensa de los derechos de los migrantes, por una nueva gobernabilidad para el campo y por un desarrollo rural integral e incluyente.
La movilización hizo posible la instalación de mesas de trabajo con las dependencias federales relacionadas con el sector rural: SAGARPA, SEDESOL Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), CNA, Reforma Agraria y SEMARNAT.
En esas dependencias planteamos proyectos que van desde el impulso a las agroempresas sociales, fortalecimiento de cadenas productivas, innovación tecnológica y otras propuestas en los ramos agrícola, pecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Buena parte de dichas propuestas obtuvieron compromisos concretos de financiamiento.
En los encuentros con integrantes del poder legislativo conseguimos que un grupo de legisladores hiciera suya nuestra demanda de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN para evitar que entre en vigor la apertura total de las importaciones de maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, en los próximos meses.
En el Senado la UNORCA planteó además que ese órgano del estado exhorte al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, particularmente en lo que se refiere a la soberanía alimentaria, y que expida el reglamento correspondiente.
Existe el acuerdo de una reunión con senadores, en el plazo de un mes, para dar seguimiento a estos compromisos.
La Comisión Ejecutiva Nacional de la UNORCA entregó al senador Rubén Velázquez López la petición de realizar las acciones necesarias para que el Senado de la República integre una comisión que impulse la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Asimismo, se solicitó al Senado, por conducto de Velázquez López, que el órgano legislativo envíe un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que emita el reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la aplique en todos sus términos, especialmente en lo relacionado a la soberanía alimentaria.
“Asumo como una comisión esto que ustedes me expresan y nos encargaremos de que la agenda del Frente Amplio Progresista y sus integrantes en el Senado de la República incorporen las demandas planteadas por ustedes”, expresó el senador Velázquez.
A continuación el texto íntegro leído por el coordinador ejecutivo nacional de la UNORCA en el salón Heberto Castillo, del Senado de la República, en la Torre de El Caballito, con la presencia de varios integrantes de la Comisión Ejecutiva:
Estimado señor senador:
Como parte de las actividades fundamentales de nuestra Jornada Nacional por la Dignidad Campesina e Indígena, la UNORCA tiene a bien solicitar a usted sea el conducto para que, mediante las acciones e iniciativas que considere pertinentes, el Senado de la República designe una comisión especial que se avoque a explorar las rutas de renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Debido a los hechos padecidos en carne propia desde el inicio de la apertura comercial, estamos convencidos que la debacle del campo mexicano será mayor si no evitamos que el maíz, el frijol, la leche en polvo y el azúcar se liberen totalmente en los próximos meses, como lo indica el tratado.
Consideramos que es necesario establecer una moratoria inmediata a la apertura comercial total y reiniciar el período desgravatorio de aranceles a los sobre cupos de importación, ya que éstos no fueron cobrados debido a una decisión unilateral deplorable del gobierno de México.
Si queremos que las cosas en el campo mejoren, y con ello la economía del país reencuentre el camino del crecimiento con equidad, tenemos que acabar con la competencia desigual, propiciada por las diferencias descomunales de subsidios agrícolas del lado estadunidense, que ha destrozado nuestra economía y sigue expulsando del país a más de 500 mil campesinos por año.
De la misma forma, solicitamos que el Senado de la República dirija un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que emita en lo inmediato el reglamento correspondiente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que respete y haga respetar el capítulo de soberanía alimentaria contenido en dicho ordenamiento.
El gobierno federal está obligado a cumplir cabalmente con lo establecido por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Ese solo hecho nos colocaría en una trayectoria diferente a la seguida hasta hoy por las sucesivas administraciones que han desmantelado al sector rural y han contribuido a la profundización de la crisis de la agricultura campesina en México.
Convencidos de que las legítimas aspiraciones de los productores del campo coinciden con el interés general de la nación, agradeceremos sea usted portador de las demandas de las organizaciones regionales de todo el país que confluyen en la UNORCA.
Hasta aquí la reproducción de lo dicho en el Senado.
Pero nuestra presencia ante el poder legislativo no nos hace olvidar la premisa de que sólo mediante la movilización campesina e indígena y una amplia alianza con la sociedad organizada, podremos estar en condiciones de presionar eficazmente hacia la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.
En la misma ocasión, ante la prensa en el Senado, dimos a conocer el texto del Manifiesto Campesino, aprobado por la Coordinadora Nacional de la UNORCA y solicitamos una revisión a fondo de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

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Como resultado de las acciones de la Jornada Nacional Campesina e Indígena, empezó a integrarse de inmediato la agenda de acercamiento y diálogo entre las dependencias del gobierno federal y la UNORCA.
El 15 de agosto se instalaron sendas mesas de trabajo con la Secretaría de Reforma Agraria y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el fin de analizar la demanda de 2007 y los asuntos rezagados de años anteriores.
La reunión con la SRA inició a las 11:00 horas y con la CDI, a las 17:00 horas. Paralelamente se llevó a cabo una reunión de trabajo con SEMARNAT.

El 16 de agosto se programó una reunión de trabajo con la SAGARPA, a las 16:00 horas, en la que se plantearon más de 140 proyectos de producción campesina en demanda de recursos públicos para establecerse y consolidarse.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social recibió el 17 de agosto, a las 11:00 horas, a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y a los miembros de las comisiones ejecutivas estatales de la UNORCA para analizar y, en su caso, acordar la solución de más de 12 mil acciones de vivienda y otros asuntos, como agencias de desarrollo local, invernaderos, cafetales y diversos proyectos productivos.
Entre tanto, la UNORCA mantuvo su campamento campesino, indígena y urbano popular en la explanada del Monumento a la Revolución, en espera de los contingentes estatales que empezaron a llegar a la ciudad de México a partir del día 14.
A las 16:00 horas del 15 de agosto, se levantó una minuta de trabajo en la Unidad de Concertación Agraria de la SRA en la que se establecieron varios acuerdos. El primero fue la demanda de nuestra organización de recibir el mismo trato que se brinda a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, ya que no debe haber distinciones ni tratos de segunda clase del gobierno hacia la UNORCA.
También quedó establecida nuestra petición de una revisión puntual al Artículo 27 Constitucional en materia agraria, para que las parcelas ejidales adquieran el carácter de patrimonio familiar.


Se establecen además 56 acuerdos y respuestas a problemas específicos como fideicomisos para la adquisición de terrenos agrarios, análisis y trámites de expedientes, ejecución total de resoluciones presidenciales e instalación de subsecuentes mesas de trabajo, entre otros.
De la reunión de trabajo con SEMARNAT emanaron diez acuerdos, entre los que sobresalen la propuesta de que la CNA revise los volúmenes de uso del agua, principalmente para la agricultura de Puebla y Quintana Roo, revisión de padrones de agua en todo el país, la gestión ante la Comisión Nacional Forestal para revisar los proyectos que fueron rechazados y la revisión de la solicitud de siniestro por sequía de 14 mil hectáreas en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo.
Asimismo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas convocará a reunión para el 16 de agosto de 2007 con el fin de atender los asuntos del Corredor Mesoamericano y la Reserva de Sian Kaan así como la revisión de nuevas áreas naturales, entre otros acuerdos.
Ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas planteamos la continuación y ampliación del proyecto de formación y apoyo para promotores de organizaciones indígenas, la electrificación de comunidades y la apertura de caminos así como la información oportuna sobre diversos programas como el de Coordinación para el Apoyo a la Productividad, Organización Productiva para Mujeres Indígenas y el de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.
Sobre estos temas hubo acuerdos concretos de análisis y seguimiento en asuntos planteados por los estados de Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Chiapas.
En cuanto a las solicitudes de apoyos financieros ante SAGARPA, las áreas del FIRCO participantes en la mesa de trabajo se comprometieron a establecer contacto con las gerencias estatales con el fin de analizar y resolver los diversos asuntos planteados.
Por su parte, el representante del Programa Opciones Productivas de SEDESOL se comprometió a revisar la situación que guardan diversos proyectos ingresados e informarnos oportunamente.
Asimismo, se solicitará a la Unidad de Coordinación de Delegaciones sendas reuniones con los representantes de la UNORCA en Querétaro, Veracruz, Nayarit, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Tlaxcala y Chiapas.
Derivado de esa mesa de trabajo, se prestará atención especial a la demanda de vivienda y apoyo a adultos mayores y se estableció el compromiso de dar respuesta puntual a solicitudes de Pueblo de Tilaza, Guerrero y Ejido Huexotitla, Hidalgo, entre otras.

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De este modo, la Jornada Nacional nos permitió desarrollar nuestra capacidad para proponer y actuar como constructores de nuestro propio desarrollo, reafirmando las capacidades de liderazgo, gestión y corresponsabilidad.
La disciplina y lealtad de las organizaciones regionales y sus integrantes con los principios, objetivos y estrategias de la organización nacional, hasta donde las condiciones económicas nos lo permitieron, quedaron patentes durante el desarrollo de la Jornada.
 
En todo momento estuvo de manifiesto que la UNORCA es una organización realmente comprometida con el desarrollo rural integral y sustentable, que busca la instrumentación de políticas públicas y programas que fomenten y protejan la capacidad de producir, industrializar, distribuir y comercializar los productos estratégicos para la alimentación de los mexicanos, con base en la agricultura campesina, como condición de la soberanía alimentaría.

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Mientras tanto, en declaraciones a los medios, la UNORCA demandó al gobierno federal un trato respetuoso para todas las organizaciones campesinas e indígenas, sean nacionales regionales o locales.
Enfatizó que la relación entre las dependencias gubernamentales y las organizaciones sociales que representamos los intereses de millones de productores del sector rural, debe ser directa y equitativa, en beneficio de la gente del campo.
No es aceptable que el gobierno destine escasos recursos públicos al medio rural de manera discrecional y sin tomar en cuenta las necesidades de quienes producimos y vivimos en el campo.
Ante los embates de los gobiernos conservadores y derechistas, ante el deterioro económico de nuestra actividad y la desarticulación social de que somos objeto por las políticas anti-campesinas y anti-indígenas, es necesario que cambiemos el terreno de la acción de las organizaciones y grupos campesinos e indígenas.
Es necesario que sigamos en la lucha por una nueva articulación que nos ayude a enfrentar el desprecio de que somos objeto por parte del gobierno federal.
Nuestros principios son y seguirán siendo la autonomía, la pluralidad, la democracia, la equidad y la defensa de la tierra y de la propiedad social.
Para nosotros es urgente y prioritario renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el fin de impedir la desgravación de las importaciones de maíz, frijol y leche en polvo. Es necesario reiniciar el período desgravatorio de aranceles a los sobrecupos de importación, ya que estos no se cobraron.
Debemos evitar que esta competencia tan desigual y tan ilegal, con tantos subsidios del otro lado, siga destrozando nuestra economía y continúe expulsando más de 500 mil campesinos por año.
Nos expresamos por el urgente establecimiento de una salvaguarda en maíz, leche, fríjol y azúcar (incluyendo alta fructuosa), para evitar que estas políticas afecten más nuestra economía.
Demandamos que se excluya la Organización Mundial del Comercio de la agricultura, que este organismo deje de promover la liberación comercial en el campo, porque los alimentos no son mercancías. Rechazamos los regímenes de propiedad privada e intelectual que pretenden aplicar para venta de semillas.


Afirmamos que la situación del campo mexicano, después de más de 10 años de apertura comercial, demanda el restablecimiento de mecanismos de protección para la producción nacional y la aplicación de inversión pública a la creación de infraestructura productiva.
Recientemente se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo capítulo rural nos habla de otro México, que sólo existe en la mente de los políticos del gobierno, nos habla de un campo ganador, se refiere sólo al campo de los empresarios, insiste en un campo sin campesinos.
Rechazamos que dicho plan y las políticas para el resto del sexenio se sigan instrumentando sin considerar la participación de la gente y se beneficie sólo a las empresas transnacionales.
El Plan Nacional de Desarrollo no recoge nuestras propuestas para el campo, tampoco toma en cuenta el sentir de la mayoría de las organizaciones del medio rural, lo cual es una violación a la Ley de Planeación que exige la elaboración del plan como resultado de una amplia consulta a todos los sectores sociales. El Plan también viola la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) al omitir cualquier referencia al precepto de soberanía alimentaria.
Por ello, demandamos a la Comisión Permanente del Congreso del Unión que, con base en el artículo 5 de la Ley de Planeación, haga observaciones al plan presentado por el gobierno federal, requiriendo su modificación para que sus objetivos, metas y programas correspondan con lo establecido por la LDRS.
En el mismo sentido, demandamos que en la nueva estructura presupuestal del Programa Especial Concurrente 2008 se incorpore el Programa de Soberanía Alimentaria, conforme el mandato de la LDRS.
Por otra parte, rechazamos la reforma fiscal por ser muy limitada para las necesidades del país. Se requiere revisar e incrementar los ingresos fiscales pero también se deben reorientar los egresos para que la aplicación del gasto público sea en beneficio de los más desprotegidos.
Nos oponemos a la creación de nuevos impuestos. El CETU parece tener la intención de sustituir al ISR para hacer borrón y cuenta nueva de los grandes evasores; además, podría poner en serios aprietos financieros a las pequeñas y medianas empresas del sector rural.
El impuesto a la gasolina que se pretende autorizar su cobro desde los estados, tendría sin duda un efecto inflacionario. Ante la falta de rentabilidad de las actividades en el campo, sería injusto agregar una carga más a este sector al aumentar los combustibles, cuando el gobierno federal no ha ejercido a la fecha un solo peso de los 270 millones autorizados por la Cámara de Diputados para apoyo a los energéticos en el campo.
La propuesta de reforma fiscal gubernamental no resuelve el más grave problema del sector que representa la evasión y elusión del pago de impuestos. El mexicano que se ubica ya como el hombre más rico del mundo, paga menos impuestos proporcionalmente que cualquiera de nosotros.
Queremos que se castigue a los grandes evasores, así como a los funcionarios del SAT que permiten tal práctica; que se incauten los bienes de los grandes empresarios que no pagan y se retire la licencia profesional a los contadores que ayudan a estos grandes defraudadores del fisco.
En suma, exigimos que se grave más a quienes más tienen y se eliminen los privilegios fiscales a las grandes empresas.
En lo ambiental la crisis ha llegado a niveles que cuestionan la sustentabilidad del ser humano, el cambio climático pone en riego la existencia de la humanidad.
La siniestrabilidad es cada día mayor, producto de la forma en como hemos manipulado la naturaleza; el consumismo como la filosofía de los neoliberales ha devorado nuestros recursos y se plantea también devorar nuestra esperanza.
El fomento al consumo de energéticos amenaza ya con el uso de alimentos como agrocombustibles; la crisis del agua presagia guerras futuras por este recurso, mientras el 70 por ciento de las tierras de nuestro país presenta ya alguna forma de deterioro y contaminación.
Los transgénicos amenazan nuestros recursos genéticos, principalmente el maíz, las empresas que los promueven pretenden apropiarse de nuestra soberanía alimentaria. Grandes transnacionales ponen en riesgo la vida campesina e indígena y la seguridad nacional.

Nos pronunciamos también por la liberación de los presos políticos, en especial de Flavio Sosa y otros compañeros, en su mayoría campesinos e indígenas, producto de la criminalización de los movimientos sociales y de las políticas de mano dura que no van al fondo en la solución de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana.
Porque estamos decididos a seguir luchando por la vida, producimos alimentos para los seres humanos, por eso defendemos nuestra propiedad campesina e indígena, nuestra propiedad social.
Seguimos luchando por existir como campesinos e indígenas, por eso demandamos un nuevo trato, ya que somos necesarios como productores y no queremos producir alimentos para las máquinas.
Con esta jornada de lucha, la UNORCA demostró una vez más que no es una organización de membrete sino que está integrada por hombres y mujeres dispuestos a luchar por la soberanía alimentaria de la nación y por la defensa de la gente más desprotegida.
Nuestra batalla es y seguirá siendo para tener garantías de existencia quienes hemos producido y podemos seguir produciendo lo que el país requiere para un desarrollo soberano y equitativo

 

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