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El derecho a la alimentación, a partir de una reforma constitucional, es una urgencia en el país debido a la situación de pobreza alimentaria en que se encuentra la mayor parte de la población rural, dijo Olegario Carrillo, coordinador ejecutivo nacional de la UNORCA.

Vamos por el derecho a la alimentación

“No debemos permitir que el estado mexicano siga siendo omiso en garantizar el derecho a la alimentación y que los campesinos e indígenas padezcamos las consecuencias negativas de ingesta deficiente de nutrientes, de una alimentación insuficiente e inadecuada, que impide a los mexicanos desarrollar sus potencialidades físicas e intelectuales”, expresó Olegario Carrillo, presidente y coordinador ejecutivo nacional de la UNORCA.

A nombre de la Comisión Ejecutiva Nacional, tras una serie de gestiones ante el poder legislativo federal realizadas en los meses recientes, Olegario Carrillo dirigió un oficio al presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete Ruiz, fechado el 31 de mayo, en el que solicita agilizar la aprobación del derecho constitucional a la alimentación.

"Apelamos a su sensibilidad y a la de la mayoría de los senadores para que realicen el proceso legislativo necesario, y en el próximo periodo legislativo, ordinario o extraordinario, pueda ser aprobado el derecho a la alimentación en nuestra Constitución Política", señala el escrito.

El proyecto de decreto para establecer el derecho a la alimentación en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 29 de abril del año en curso.

Los diputados adicionaron un párrafo tercero al Artículo 4º Constitucional y un segundo párrafo a la fracción XX del Artículo 27 constitucional. Con ello se busca garantizar que toda persona tenga acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y se responsabiliza al estado mexicano por la protección de este derecho (Art.4º). Asimismo obliga al estado a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos considerados como básicos (Art.27).

Este dictamen de la Cámara de Diputados recoge lo que establecen los instrumentos internacionales que en materia de derecho a la alimentación ha suscrito el estado mexicano y con él se cumpliría con la obligación de nuestro país en la observancia de dicha normatividad.

El texto reconoce además el trabajo de los senadores en esta materia, ya que la cámara alta aprobó desde diciembre de 2004 el proyecto de decreto, el cual fue enviado a la cámara de diputados, donde permaneció estos años y recientemente, como se ha dicho, los legisladores realizaron algunas modificaciones que no cambian la esencia del decreto inicial.

El dirigente nacional campesino dijo que es fundamental que el estado garantice a toda persona el acceso a una alimentación suficiente y de calidad, en especial a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

“La garantía del derecho a la alimentación —insistió— debe partir de bases constitucionales, que permitan organizar un sistema que regule la producción y calidad de los alimentos, su conservación, industrialización, distribución, transporte y comercialización.

“Reconocer el derecho a la alimentación sería la estrategia para llevar a cabo una reforma social y económica en nuestro país”, añadió.

Mencionó los acuerdos internacionales suscritos por el gobierno federal que garantizan el derecho a la alimentación, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo once, párrafo primero, “razón de más para que este derecho sea considerado en la Carta Magna”.

Pero mientras el ejecutivo federal se niega a atender esta problemática, en México sobreviven más de 16 millones de personas que no satisfacen los requerimientos alimenticios mínimos.

“La pobreza y el hambre se concentran en mayor medida en los más de 1300 municipios con población rural mayoritaria y el 85 por ciento de la población que vive en localidades menores a cinco mil habitantes, particularmente en los territorios indígenas, está en condiciones de pobreza y pobreza extrema”.

Según Carrillo, por las políticas equivocadas del gobierno federal, sobre todo en los últimos 30 años, en nuestro país aumenta la población con problemas de obesidad con las consecuentes enfermedades que de ella derivan y hemos perdido radicalmente nuestra soberanía alimentaria, al depender la alimentación de los mexicanos de las importaciones de trigo, arroz, soya carne, leche, maíz, etc., en proporciones cada vez mayores.

Por eso, la reforma rural que propone la UNORCA —abundó Carrillo—, se integra por cuatro componentes básicos, que le permitirían tener un verdadero efecto de cambio estructural, siendo estos:

“1.- El derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental, para acceder a una alimentación sana y suficiente. Su reconocimiento constitucional y las reformas a las leyes secundarias.

“2.- Una reforma al marco jurídico, principalmente en lo relativo al reconocimiento de los derechos sociales y económicos expresados en el artículo 27 constitucional, la Ley Agraria, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales. Los pueblos indígenas deben gozar del reconocimiento a su autonomía.

“3.- Un programa de reactivación del campo, expresado en metas específicas en la producción de alimentos por producto y por región, garantizando en todo momento la protección de los recursos naturales, y con la meta inicial de reducir en un 30 por ciento la dependencia alimentaria para el 2011.

“4.- Una reforma fiscal que elimine el régimen de privilegios que tienen las grandes empresas alimentarias a partir de las devoluciones de impuestos, combatiendo con ello la evasión, elusión y consolidación fiscal ficticia que realizan las grandes empresas como Bachoco, Bimbo, Pilgrilms, y otras”.

 

 El campo, prioridad nacional
ver texto

 

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